La edil de Cultura, Irene Ruiz, recuerda que los representantes públicos tienen la responsabilidad de conocer la legislación vigente antes de cuestionar decisiones administrativas
La edil de Cultura, Irene Ruiz, ha asegurado que el Ayuntamiento sostiene la legalidad y transparencia de la convocatoria de ayudas a la producción cultural de 2026 frente a las críticas de Compromís y ha recordado que “se trata de una convocatoria pública de libre concurrencia, cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, cumpliendo todos los plazos legales y sin que se presentara ninguna alegación”.
Ruiz ha destacado que “los 30.000 euros de esta convocatoria han permitido subvencionar absolutamente todos los proyectos presentados, sin dejar fuera a ninguno”.
Respecto a la eliminación del requisito de tener domicilio fiscal en Elche, la edil ha explicado que “las bases se han adaptado a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que establece el principio de no discriminación por razón del lugar de establecimiento de las empresas. Lo importante es que los proyectos se desarrollen, estrenen o representen en Elche, garantizando que la actividad cultural repercuta directamente en nuestra ciudad”.
Los 30.000 euros de la convocatoria han permitido subvencionar todos los proyectos presentados, con una valoración exclusivamente técnica y sin intervención política
En este sentido, Ruiz ha sido contundente al señalar que “los representantes públicos, y especialmente quienes somos concejales, tenemos la responsabilidad de conocer la legislación vigente, más aún cuando realizamos declaraciones públicas cuestionando decisiones administrativas. Antes de criticar, lo mínimo exigible es conocer la ley y comprobar por qué se han modificado las bases”.
Además, ha recordado que “las bases anteriores exigían que las compañías tuvieran sede en Elche, pero no obligaban a que las producciones se estrenaran o representaran en nuestra ciudad, algo que sí garantizamos ahora”.
Por último, la concejal ha subrayado que “las ayudas son valoradas exclusivamente por un tribunal formado por técnicos y expertos del sector, incluso de otras administraciones, sin presencia política alguna. Desde este gobierno seguiremos apoyando la cultura con criterios objetivos, transparencia y pleno respeto a la legalidad”.
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